Prevención de delitos

En el año 2010 se introduce por primera vez en nuestro código penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Reforma poco afortunada y de escasa aplicación, debido a que jueces y fiscales no tenían claros los presupuestos de su aplicación.

¿ Qué es un Programa de Prevención de delitos?

Programa prevención delitos

Con la reforma actual de 2015, se fijan con claridad los casos en los que una persona jurídica puede ser condenada, y qué ha de hacer la empresa para evitar la comisión de delitos. Se tratará de que la empresa tenga a su alcance un mecanismo efectivo que prevenga la comisión de unos delitos concretos y determinados, lo que se denomina PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS. Siempre que la empresa cuente con dicho plan o programa, esté bien organizada, tenga órganos de control, sistemas de denuncia, disciplinarios para el incumplidor e imparta formación al respecto, reducirá al máximo el riesgo de ser condenada.

Pero, ¿Qué ha de ocurrir para que una persona jurídica o empresa sea condenada?
Que una persona física ( bien sea el administrador o administradores de la sociedad, representantes legales de la sociedad, apoderados o aquéllas personas con capacidad de tomar decisiones en su nombre e incluso aquéllos trabajadores que se encuentren sometidos a la autoridad de los que tengan poder para representar a la sociedad) cometa un delito que beneficie directa o indirectamente a la sociedad, aunque no se haya identificado al autor, ni se haya consumado la acción delictiva.

El código penal señala los requisitos que ha de cumplir el Programa de Prevención de delitos. A modo de ejemplo, su contenido podría resumirse en los siguientes puntos a desarrollar:
1.- Preámbulo.
2.- Compromiso de cumplimiento de la empresa en cuestión.
3.- Órgano o persona encargada de su ejecución y seguimiento.
4.- Obligaciones de cada uno de los trabajadores de la empresa (formación, acuse de recibo de la información y formación recibidas, deber de informar de cualquier infracción producida etc…).
5.- Procedimientos de control (Códigos de conducta, procedimientos de acceso a datos (claves), procedimientos contables, etc…).
6.- Relación de conductas delictivas (análisis individualizado de la empresa o sociedad y de los riesgos a los que por su objeto social puede estar sometida, habrá riesgos comunes y generales para cualquier empresa de cualquier ámbito y riesgos más específicos para cada sociedad en cuestión…).
7.- Régimen disciplinario y de denuncias (Existencia de cauces anónimos para denunciar los hechos ante el órgano de control y seguimiento y régimen disciplinario para el incumplidor fijando las medidas a adoptar por la empresa o sociedad (ej. despidos, ceses etc…).
8.- Modificaciones y vigencia del programa.

Sin embargo, a pesar de todo ello y de que no existe un modelo reglado del Plan o Programa de Prevención de Delitos, la casuística está servida. Se van a generar problemas, respecto a su contenido, su aplicación, su control y sobre todo, el posible conflicto de intereses que sin duda se dará entre el órgano de control y la sociedad (sus representantes legales), la dinámica de dicho control, el sistema disciplinario y de sanciones etc…, máxime si hablamos de pequeñas pymes en las que el órgano de control puede coincidir con el del administrador. ¿ qué ha de primar entonces, la empresa, el órgano de control contratado por ella? ¿podrá ir el órgano de control, en contra de la empresa para protegerse penalmente?

Será la práctica judicial y los tribunales quienes nos vayan marcando el camino a fin de exonerar de responsabilidad alguna a la sociedad o de atenuarla.

Un ejemplo actual, donde podría exigirse responsabilidad penal para una persona jurídica, es el caso Volkswagen. 

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