Discapacidad: Modificación judicial de la capacidad

Discapacidad: dentro del Derecho de Familia,

y en determinados supuestos en los que los hijos menores poseen una enfermedad o deficiencia crónica, de carácter físico o psíquico, con un grado de discapacidad elevado que les impide gobernarse por si mismos, y llevar una vida independiente y autónoma, la legislación anterior preveía la figura de la patria potestad prorrogada o rehabilitada de los menores de edad. Con la legislación actual se eliminan dichas figuras.

Declaraciones Incapacidad civil Hasta junio de 2021, había tres figuras de protección: tutela, curatela y defensor judicial. A partir del 3 de septiembre de 2021, se elimina la primera y será el Juez el único que pueda nombrar a la figura de apoyo salvaguardando siempre los derechos de la persona con discapacidad.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Se trata de un tratado internacional que recoge los derechos de las personas con discapacidad. España ratificó la Convención el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo del mismo año.

En aplicación de esa normativa se ha ido construyendo una tendencia a “proteger sin incapacitar”. Se trata de procesos civiles de capacidad basados en el sistema de apoyos,  promoviendo otros instrumentos jurídicos u otras medidas de protección para el discapacitado que no requiera ser incapacitado. Así, la curatela se convierte en la medida de apoyo por excelencia, sin perjuicio de que si fuese preciso se pueda adoptar la tutela. Hablamos de un procedimiento de delimitación de la capacidad de obrar. La ley 8/2021 de 2 de junio, que entra en vigor el 3 de septiembre de 2021, ya regula el nuevo procedimiento.

https://www.iberley.es/noticias/publicada-ley-pone-incapacitaciones-judiciales-31025

Cuando  alguien es diagnosticado precozmente y todavía no tiene su capacidad de obrar mermada, podría acudir a un Notario y otorgar un poder preventivo a favor de la persona que quiere que asuma su cuidado y atención. Si esto ya no es posible, no queda otra vía que acudir al procedimiento judicial.

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