Discapacidad (Modificación judicial de la capacidad)

Dentro del Derecho de Familia,

y en determinados supuestos en los que los hijos menores poseen una enfermedad o deficiencia crónica, de carácter físico o psíquico, con un grado de discapacidad elevado que les impide gobernarse por si mismos, y llevar una vida independiente y autónoma, la ley prevé la figura de la patria potestad prorrogada o modificación de la capacidad preventiva de los menores de edad, cuando se estima que continuarán en esa situación al alcanzar su mayoría de edad. En estos casos se instará un procedimiento de  modificación judicial de su capacidad.

Declaraciones Incapacidad civil

Esta modificación puede ser total o parcial, y siempre puede ser reversible.

Es muy conveniente que la solicitud la hagan los padres, mientras el hijo es menor de edad, o cuando sea mayor, que la hagan aquéllos antes de su fallecimiento y ello a fin de garantizar los derechos de la persona discapacitada pudiendo establecer una sentencia con los apoyos que esa persona necesite.

Además los padres podrán designar tutor en su testamento y tomar una serie de medias protectoras.

Existen otras situaciones donde las personas que han tenido plena capacidad jurídica y de obrar, en un momento de su vida, contraen enfermedades crónicas de carácter físico o psíquico que generan que no puedan gobernarse por sí mismas, con riesgo de obrar en perjuicio propio, de su patrimonio y de los demás. Hay tres figuras de protección para ellas: tutela, curatela y defensor judicial. Será el Juez el único que puede declarar esta medida salvaguardando los derechos de la persona con discapacidad.

Se trata de un procedimiento judicial, donde es parte el Ministerio Fiscal. Son obligatorios los informes médicos, la declaración de parientes y/o terceros (facilitador) que conozcan el estado de la persona cuya capacidad ha de ser delimitada, y señalen quién es la persona más idónea para ser su tutor, que cosas puede hacer y no puede hacer. Igualmente es muy conveniente la exploración de la persona con discapacidad (entrevistarse reservadamente con ella).

La sentencia judicial de modificación de la capacidad de la persona no impedirá en ningún momento, que si se producen cambios esenciales en la salud de la persona cuya capacidad ha sido modificada judicialmente, pueda iniciarse un nuevo procedimiento que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la modificación de capacidad  declarada.

La sentencia judicial que modifica la capacidad de una persona, determina siempre su extensión y límites, establece el régimen de protección al que queda sometida (tutela, curatela o guarda) y nombra a la persona que va a asistir o representar a quien tiene su capacidad modificada, y a velar por ella.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006. Se trata de un tratado internacional que recoge los derechos de las personas con discapacidad. España ratificó la Convención el 21 de abril de 2008 y entró en vigor el 3 de mayo del mismo año.

En aplicación de esa normativa se ha ido construyendo una tendencia a “proteger sin incapacitar”. Se trata de procesos civiles de capacidad basados en el sistema de apoyos,  promoviendo otros instrumentos jurídicos u otras medidas de protección para el discapacitado que no requiera ser incapacitado. Así, la curatela se convierte en la medida de apoyo por excelencia, sin perjuicio de que si fuese preciso se pueda adoptar la tutela. Hablamos de un procedimiento de delimitación de la capacidad de obrar.

Cuando  alguien es diagnosticado precozmente y todavía no tiene su capacidad de obrar mermada, podría acudir a un Notario y otorgar un poder preventivo a favor de la persona que quiere que asuma su cuidado y atención. Si esto ya no es posible, no queda otra vía que acudir al procedimiento judicial.

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