Incapacidad Judicial (Modificación judicial de la capacidad)

Dentro del Derecho de Familia,

y en determinados supuestos en los que los hijos menores poseen una enfermedad o deficiencia crónica, de carácter físico o psíquico, con un grado de discapacidad elevado que les impide gobernarse por si mismos, y llevar una vida independiente y autónoma, la ley prevé la figura de la patria potestad prorrogada o modificación de la capacidad preventiva de los menores de edad, cuando se estima que continuarán en esa situación al alcanzar su mayoría de edad. En estos casos se instará un procedimiento de incapacitación judicial o modificación judicial de su capacidad.

Declaraciones Incapacidad civil

La incapacitación judicial civil puede ser total o parcial, y siempre puede ser reversible, aunque tratándose de discapacitados psíquicos no es lo normal.

Es muy conveniente que la solicitud la hagan los padres, mientras el hijo es menor de edad, o cuando sea mayor, que la hagan aquéllos antes de su fallecimiento y ello a fin de garantizar los derechos del incapacitado.

Además los padres podrán designar tutor en su testamento.

Existen otras situaciones donde las personas que han tenido plena capacidad jurídica y de obrar, en un momento de su vida, contraen enfermedades crónicas de carácter físico o psíquico que generan que no puedan gobernarse por sí mismas, con riesgo de obrar en perjuicio propio, de su patrimonio y de los demás. Hay tres figuras de protección para ellas: tutela, curatela (o incapacitación parcial) y defensor judicial. Será el Juez el único que puede declarar esta medida salvaguardando los derechos del presunto incapacitado.

Se trata de un procedimiento judicial, donde es parte el Ministerio Fiscal. Son obligatorios los informes médicos y la declaración de parientes que conozcan el estado del presunto incapaz, y señalen quién es la persona más idónea para ser su tutor.

La sentencia judicial de modificación de la capacidad de la persona no impedirá en ningún momento, que si se producen cambios esenciales en la salud de la persona cuya capacidad ha sido modificada judicialmente, pueda iniciarse un nuevo procedimiento que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la modificación de incapacidad o incapacitación declarada.

La sentencia judicial que modifica la capacidad de una persona, determina siempre su extensión y límites, establece el régimen de protección al que queda sometida (tutela, curatela o guarda) y nombra a la persona que va a asistir o representar a quien tiene su capacidad modificada, y a velar por ella.

Cuando el paciente es diagnosticado precozmente y todavía no tiene su capacidad de obrar mermada, podría acudir a un Notario, y en una Escritura de Voluntades Anticipadas, señalar la identidad de la persona que quiere que asuma su cuidado y atención. Si esto ya no es posible, no queda otra vía que acudir al procedimiento judicial.

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